(ZENIT Noticias – Bitter Winter / Roma, 27.03.2026).- El Informe Anual 2025 del OLIRE (Observatorio de Libertad Religiosa en América Latina), publicado el 17 de febrero de 2026, ofrece una de las evaluaciones más completas y preocupantes hasta la fecha sobre el estado de la libertad religiosa en América Latina. Presenta un panorama complejo en el que el progreso real coexiste con desafíos cada vez mayores, y donde el ejercicio de un derecho fundamental se ve cada vez más amenazado por la violencia, la represión y las manipulaciones de actores políticos y criminales.
El informe comienza reafirmando que la libertad religiosa es un derecho multidimensional, esencial no solo para las personas y las comunidades de fe, sino también para la salud y la resiliencia de las instituciones democráticas. Subraya que la capacidad de creer, no creer o cambiar libremente las propias creencias es inseparable de la lucha más amplia por la dignidad humana y la participación cívica. Sin embargo, en toda la región, este derecho se encuentra bajo presión por parte de fuerzas que van desde gobiernos autoritarios hasta grupos armados, desde redes criminales hasta campañas ideológicas para silenciar o deslegitimar la expresión religiosa.
OLIRE subraya que la libertad religiosa abarca mucho más que el derecho a practicar la religión. Incluye la capacidad de vivir las propias creencias en la vida familiar, la educación, el trabajo, la expresión cultural y la participación pública. Las restricciones, ya sean impuestas por el Estado o por actores no estatales, constituyen violaciones de este derecho. El informe apoya la separación entre religión y Estado, pero también afirma que los grupos religiosos tienen un lugar legítimo en el debate público, siempre que no intenten imponer sus creencias a los demás. Esta postura equilibrada resalta la importancia del pluralismo y el diálogo respetuoso en las sociedades democráticas, donde las diversas convicciones deben coexistir sin coerción ni exclusión.
El clima político y social en varios países revela cuán frágil se ha vuelto este equilibrio. Los regímenes autoritarios de Cuba, Nicaragua y Venezuela imponen medidas represivas contra las voces religiosas disidentes, utilizando amplios marcos legales para intimidar, vigilar y controlar a las comunidades religiosas. En Cuba, la Constitución de 2019 y las reformas posteriores han legitimado restricciones arbitrarias.
Los líderes religiosos que se oponen a las políticas estatales han sufrido detenciones arbitrarias, interrogatorios, multas, amenazas, vigilancia constante y restricciones a su movilidad, un patrón que reprime eficazmente la actividad religiosa independiente y desalienta la crítica pública. El enfoque del Estado cubano refleja una estrategia más amplia de control ideológico, en la que las instituciones religiosas solo se toleran en la medida en que se mantengan políticamente dóciles.
En Nicaragua, el informe describe una estrategia sistemática de control que incluye “vigilancia permanente, acoso administrativo, presión económica, restricciones a la libertad de expresión pública y la constante amenaza de sanciones legales”. El régimen organiza actos religiosos públicos para ganar credibilidad entre ciertos sectores, al tiempo que deslegitima a las iglesias independientes o críticas, transformando la religión en un instrumento de control social estatal. La situación de la Iglesia Católica es particularmente grave: el gobierno ha invalidado estatus legales, confiscado bienes y expulsado clérigos, socavando así su capacidad de funcionamiento. OLIRE señala que “la situación en Nicaragua, especialmente para la Iglesia Católica, sigue siendo motivo de profunda preocupación”, lo que refleja tanto la intensidad de la represión como las divisiones internas generadas por la presión estatal.
Venezuela presenta una dinámica más compleja, pero igualmente preocupante. El gobierno mantiene estrechas alianzas con ciertos grupos evangélicos dispuestos a alinearse con los intereses del régimen, ofreciéndoles beneficios administrativos y visibilidad pública. Otras confesiones, especialmente las críticas con el gobierno, se enfrentan a la marginación. El informe señala que «las autoridades promovieron una relación selectiva con comunidades religiosas específicas, en particular con iglesias evangélicas, ofreciéndoles beneficios administrativos o visibilidad pública a cambio de lealtad política». Este fortalecimiento selectivo de los grupos leales y la marginación de los disidentes ilustran cómo se puede manipular el lenguaje y las instituciones religiosas para reforzar la legitimidad política.
La violencia sigue siendo una amenaza persistente y devastadora para las comunidades religiosas de toda la región. En Colombia, grupos armados como disidentes de las FARC, el ELN y bandas criminales continúan atacando a líderes religiosos, comunidades y lugares de culto. El informe relata casos escalofriantes, incluido el secuestro de líderes religiosos y comunitarios entre el 4 y el 6 de abril de 2025 por disidentes de las FARC liderados por Iván Mordisco. El 1 de julio de 2025, sus cuerpos fueron hallados en una fosa común. En Medellín y regiones como Cauca, los lugares religiosos han sufrido intimidación, violencia e incluso ocupación por parte de grupos armados. «En particular en Cauca, Catatumbo, Guaviare, Meta y Bajo Cauca, el control armado ha provocado el cierre de iglesias, la suspensión de actividades pastorales y el desplazamiento forzado de líderes y feligreses», lo que demuestra cómo la violencia menoscaba directamente la libertad religiosa y la vida comunitaria.
México presenta otro panorama sumamente preocupante. Según el informe, los datos de 2025 documentan asesinatos, desapariciones, secuestros, ataques armados y extorsión contra sacerdotes, pastores, feligreses y lugares de culto en varios estados, incluidos Guanajuato, Guerrero, Veracruz, Jalisco, Sinaloa, Chiapas, Oaxaca y Tabasco. Los ataques durante los servicios religiosos suelen ser deliberados. Las figuras religiosas involucradas en trabajo social o en la denuncia pública de abusos son blanco frecuente de ataques. El informe señala que los templos y los eventos religiosos ya no se perciben como espacios neutrales o protectores frente a la violencia generalizada. Los grupos criminales ven a las instituciones religiosas como obstáculos para su control territorial y social.
